Rumbo a una Justicia Agroambiental material

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La Constitución Política del Estado, contiene un modelo teórico de lo que debe ser un Estado Plurinacional, el cual se constituye en una oportunidad para el pueblo boliviano de construir un Estado Integrador en reemplazo del Estado Aparente, que lamentablemente estuvo presente desde la fundación de la República.

La implementación de este modelo teórico, se inició en febrero del 2009 y en lo referente a la impartición de justicia, la referida norma fundamental contiene un modelo de justicia plural, que institucionalmente se materializa mediante el Pluralismo Jurídico, siendo uno de sus componentes esenciales la Jurisdicción Ordinaria y la Agroambiental, como parte de la Justicia Positiva.

En relación a la primera (Jurisdicción Ordinaria), su transición al nuevo modelo de justicia se inició el 3 de enero de 2012, con la posesión de los primeros Magistrados elegidos por sufragio directo, sin embargo esta situación no garantizaba un cambio real de la justicia, imperativamente debían de adecuarse los diferentes Códigos Adjetivos y Sustantivos, al nuevo modelo de justicia, lo que ocurrió a partir del 2013, habiéndose promulgado el Código Procesal Civil, el Código de las Familias, el Código Niño, Niña y Adolescente, entre otras disposiciones legales.

El 3 de enero de 2018, se inició el segundo periodo de los nuevos Magistrados y Magistradas de la jurisdicción ordinaria y considero que si bien aun no se ha logrado adecuar la totalidad de los Códigos (toda vez que están en discusión el Código Civil, Código de Comercio, Código Procesal Administrativo, Ley del Trabajo y Empleo, etc), existen las herramientas legales mínimas para poder generar un cambio cualitativo respecto a la manera de impartir justicia en el ámbito ordinario.

Respecto a la Jurisdicción Agroambiental, la realidad es diferente, es cierto que en enero de 2012, se cambió de denominación a esta Jurisdicción, sin embargo en términos competenciales, tanto el Tribunal Agroambiental, como los actuales 57 Juzgados Agroambientales de todo el territorio nacional, continúan resolviendo procesos solamente agrarios, referidos a la tierra, ubicados en el área rural, consiguientemente aún no se ha podido dar inicio a la implementación de las competencias agroambientales.

Estamos conscientes que la transición de lo agrario a lo agroambiental, en términos de implementación material, implica un reto institucional no solo para el Tribunal Agroambiental, del cual circunstancialmente son el Presidente, sino para el Estado Boliviano, el cual demostró a nivel internacional una voluntad política por defender los derechos de la Madre Tierra.

Precisamente por ello, se ha visto la necesidad de generar un instrumento legal, denominado Ley Corta, que viabilice una transición ordenada, tanto interna como externa, respecto a la Jurisdicción Agroambiental, como parte del Órgano Judicial, cuya finalidad sea brindar al pueblo boliviano, una justicia agroambiental transparente, con tecnología, rápida, y con seguridad jurídica.

El referido proyecto de Ley Corta, será presentado al Órgano Ejecutivo y Legislativo para su respectiva deliberación, pretendiendo ante todo que la misma cumpla con los tres requisitos esenciales que toda norma legal deba cumplir, según el profesor Norbeto Bobbio, estos son, que debe ser Justa, Válida y Legal.

  Gregorio Aro Rasguido Presidente TA

 

 

 

 

 

Por: Dr. Gregorio Aro Rasguido

Presidente del Tribunal Agroambiental

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