La Construcción de una Interculturalidad Jurisdiccional a partir de la competencia territorial

OP 2 072018

INTRODUCCIÓN.

Mi persona asistió al Taller Nacional de Coordinación Interjurisdiccional, organizado por el Tribunal Agroambiental, el cual se llevó adelante en la ciudad de Sucre, los días 27 y 28 de junio de la presente gestión, con la participación de todos los Jueces Agroambientales y autoridades indígenas de todo el territorio nacional.

Luego de haber escuchado las diferentes exposiciones de personas entendidas en la materia, tanto del Sistema Judicial Positivo, como de la Justicia Indígena Originaria Campesina, sumado a lo que mi persona conoce respecto a la presente temática, considero oportuno precisar algunas ideas, respecto a la manera en la cual se consideró que debería generarse mecanismos de coordinación y cooperación entre la Justicia Indígena Originaria Campesina y la Justicia Positiva. Pero previo a ello, es pertinente realizar una retrospectiva histórica, referente a la evolución del pluralismo jurídico situación que se pasa a desarrollar en los siguientes términos:

POSTULADOS HISTÓRICO CULTURALES SOBRE LOS CUALES SE CONSTRUYÓ EL PLURALISMO JURÍDICO.

Históricamente Bolivia siempre fue una sociedad plural, con mayoría indígena, sin embargo esta realidad no fue aceptada por el Estado Boliviano, a finales del Siglo XIX, surgieron varias posiciones darwinistas que llegaron a plantear incluso el exterminio de los indígenas de tierras altas y tierras bajas[1], el gobierno del MNR en la segunda mitad del Siglo XX implemento una política de mestización del indígena[2], sin embargo ninguna de estas situaciones llegaron a prosperar y por el contrario el sector indígena comenzó a generar una independencia ideológica a inicios de la década de los 60, siendo uno de los documentos que acredita esta situación el Manifiesto de Tiahuanacu de 1973.

En diferentes partes del mundo los pueblos nativos coincidieron en un proceso de visibilización al interior de sus Estados, aspecto que generó la respuesta institucional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vanguardista en cuanto al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y triales en países independientes, situación que se materializó mediante el Convenio 169 de 27 de junio de 1989[3], reinvindicación jurídica que fue el resultado de las grandes movilizaciones sociales indígenas a nivel mundial.

Los gobiernos firmantes[4] de este convenio se comprometieron a desarrollar acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades de los integrantes de los pueblos indígenas, la plena efectivización de sus derechos sociales, económicos y culturales, el respeto de sus costumbres, tradiciones e instituciones, la consulta a los pueblos en caso de promoverse medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, la participación libre e igualitaria en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y la libertad de decisión en cuanto a las prioridades en el proceso de desarrollo.

A este antecedente jurídico imperativamente se debe sumar la marcha de los Indígenas del Oriente por “Territorio y Dignidad”, siendo la primera en la década de los 90, movimiento social que fue el antecedente directo para que en la reforma constitucional de 1994[5] se acepte que Bolivia es multiétnica y pluricultural, dando inicio de esta manera a la construcción de un nuevo paradigma mediante el cual se iba a concebir la realidad boliviana, denominado pluralismo.

A partir de esta reforma constitucional, se generaron varios procesos de inclusión del sector indígena, como ser el art. 28 del Código Procesal Penal, que aceptaba la Justicia Comunitaria, se implemento la Educación Plurilingüe, se dispuso que las Comunidades Campesinas podían tramitar su Personería Jurídica y ser OTBs.

Se estaba transitando de una Sociedad Monocultural a una Plurinacional, finalmente el 6 de agosto de 2006, se instala en Sucre la Asamblea Constituyente, el cual no es sino “un espacio político y académico en el cual la población boliviana, representada legítimamente por sus asambleístas discuten la refundación de Bolivia”, se asumió que el Estado Boliviano, no puede contener una sola nación, sino varias naciones, porque somos una sociedad compleja, una sociedad abigarrada, surgiendo así el Estado Plurinacional, que tiene su fundamento en la Pluralidad y el Pluralismo, como indica el art. 1 de nuestra Constitución Política del Estado, que es plenamente legítima, conforme se demostró en el Referéndum Constituyente del 25 de enero de 2009.

EL PLURALISMO JURÍDICO, ES UN MEDIO PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD CIMENTADA EN LA DESCOLONIZACIÓN.

En plena correspondencia con el art. 1 de la CPE, el art. 2 de la misma norma fundamental refiere: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en un derecho a la autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la Ley “ (sic).

A su vez art. 9 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 1, dispone que uno de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional es constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

En mérito a todo lo manifestado, se asume que el Pluralismo Jurídico[6] es parte de un nuevo paradigma, llamado pluralismo, el pluralismo jurídico es un medio para construir una sociedad descolonizada.

La Constitución Política del Estado ha reconocido que en este territorio coexisten dos sistemas de justicia iguales en jerarquía, destacándose entre ambos diferencias esenciales, el Sistema Judicial Positivo, a) se funda en la Ley Escrita, b) quienes imparten justicia son personas especializadas (Jueces), c) su derecho se divide en materias (civil, penal, familia, agroambiental, etc); mientras que en la Justicia Indígena Originaria Campesina, a) se funda en los usos y costumbres, b) la manera de impartir justicia es comunitaria, es decir que cualquiera de sus miembros legítimamente elegidos puede impartir justicia, c) su derecho se divide en ámbitos (material, personal y territorial).

Las autoridades judiciales, de ambos Sistemas de Justicia son iguales en jerarquía e imparten justicia a nombre del Estado Boliviano, sus fallos no pueden ser revisados entre ellos, ambos son parte del Órgano Judicial, consiguientemente desde el punto de vista Constitucional, ambas están plenamente reconocidas.

No obstante lo manifestado, es imperativo que se pase de una multiculturalidad judicial a una interculturalidad judicial, es decir que ambos Sistemas Judiciales tengan la capacidad de generar espacios de coordinación y cooperación, teniendo como premisas básicas el respeto mutuo, a sus estructuras, a sus competencias, a sus finalidades.

La construcción de una interculturalidad judicial, es una tarea complicada, por ello es justo y necesario que constantemente se generen espacios de encuentro y dialogo entre ambos sistemas judiciales, con la finalidad de aprender de experiencias pasadas y generar propuestas que fortalezcan a ambos sistemas en un futuro.

Este fue el propósito principal del presente Taller, el establecer mecanismos de interculturalidad judicial, específicos entre la JIOC y la Jurisdicción Agroambiental y fue con esa premisa que se organizaron las diferentes mesas de trabajo, las cuales tuvieron una composición no solo intersistémica, sino intercultural, las cuales luego de haber discutido sus realidades, llegaron a las siguientes coincidencias:

-Una de las principales razones por las cuales no se ha logrado generar espacios de coordinación y cooperación entre ambos Sistemas Judiciales, es el desconocimiento de la estructura judicial, cultural, sus particularidades y sus generalidades, uno respecto del otro. Este desconocimiento genera constantes desencuentros.

-Otro aspecto recurrente en las mesas es la falta de espacios de diálogo para establecer las competencias de ambas jurisdicciones.

-Algunas mesas identificaron el desconocimiento de las Sentencias Constitucionales y la jurisprudencia constitucional, desarrollada respecto al Pluralismo Jurídico.

-La falta de conocimiento del idioma nativo, por parte de algunos jueces agroambientales, sería otro factor que evita generar espacios de coordinación y cooperación.

-El corto periodo de funciones respecto a las autoridades indígenas y la inestabilidad de los jueces agroambientales sería otro factor que incide en la falta de coordinación y cooperación entre ambos sistemas judiciales.

En mérito a lo manifestado, consideramos fundamental que se deba tener presente que toda autoridad judicial, sea de la Justicia Positiva o de la JIOC, imperativamente ejerce su competencia dentro un territorio, siendo en consecuencia el mismo un límite constitucionalmente válido al ejercicio de sus competencias.

Si tenemos presente este aspecto, dentro el Pluralismo Jurídico, se identifican dos clases de territorio, territorios mono jurídicos, son aquellos en los cuales solo se imparte justicia mediante uno de los Sistemas Judiciales, en estos territorios mono jurídicos, no se activan ninguna clase de desencuentros, ejemplo de los mismos las diferentes capitales de departamentos que son espacios urbanos esencialmente positivados, desde el punto de vista judicial; pero existen otros denominados territorios interjurisdiccionales, son aquellos territorios en los cuales coexisten ambos sistemas judiciales, esta clase de territorios están ubicados mayoritariamente en espacios rurales, en los cuales una autoridad judicial positiva (si vale el término) coexiste con una o varias autoridades indígenas originarias campesinas.

Es cierto y evidente que estos territorios interjurisdiccionales no son muchos en el territorio nacional, pero no por ello dejan de ser menos conflictivos.

Bajo esa lógica y tomando en cuenta siempre el pluralismo como enfoque constitucional y sostén del Estado Plurinacional de Bolivia, consideramos que lo coherente es que los mecanismos de coordinación y cooperación entre estos dos sistemas de justicia, serían mucho más efectivos y eficaces si se los activa esencialmente en los territorios interjurisdiccionales, de manera tal que el Juez Agroambiental de Riberalta deberá generar espacios de dialogo únicamente con las Autoridades Indígenas con las cuales coexiste dentro de dicho territorio.

En mérito a lo manifestado se sugiere que en estos espacios interjurisdiccionales se debería generar las siguientes actividades:

EN EL ÁMBITO NORMATIVO.

1.La Constitución Política del Estado, contiene un reconocimiento amplio a las competencias de ambos Sistemas Judiciales, sin embargo las normas ordinarias que desarrollan dichas disposiciones constitucionales, lamentablemente no son del todo precisas y muchas veces generan en su interpretación una limitación formal de dichas competencias, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha pretendido resolver esta situación, generando una jurisprudencia que asuma estándares altos de protección al pluralismo jurídico, sin embargo consideramos que lo coherente es generar Proyectos de Leyes que tengan la suficiente claridad como para que exista plena correspondencia entre lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la norma ordinaria.

EN EL ÁMBITO OPERATIVO.

1.Teniendo presente que cada autoridad judicial, tanto del Sistema Positivo, como de la JIOC ejercen sus competencias dentro un territorio, es decir que la competencia territorial es la que delimita sus competencias jurisdiccionales, es lógico asumir que a corto plazo se deben generar espacios de coordinación y cooperación, entre ambos Sistemas Judiciales, dentro su respectivo territorio, consiguientemente el Tribunal Agroambiental debería generar en los diferentes territorios interjurisdiccionales espacios académicos en los cuales la población de este lugar y por ende sus autoridades judiciales y administrativas, puedan conocer la estructura judicial y cultural de ambos Sistemas de Justicia.

2. Teniendo presente que ambos Sistemas Judiciales, ejercen justicia a nombre del Estado Plurinacional, es imperativo que se generen cursos de capacitación, en los diferentes territorios interjurisdiccionales, en los cuales se socialice la jurisprudencia constitucional vinculada al presente tema, en consecuencia el Tribunal Agroambiental, debería generar espacios de cooperación institucional con el Tribunal Constitucional, mediante los cuales se pueda viabilizar a corto y mediano plazo estos cursos, que serán destinados a las autoridades judiciales de ambos sistemas.

3. Teniendo presente que las particularidades culturales y de práctica judicial son diferentes en cada territorio interjurisdiccional, el Tribunal Agroambiental a mediano plazo debería generar Protocolos que coadyuven a establecer una interculturalidad judicial horizontal entre ambos Sistemas, siendo destinado a cumplir este fin, por ejemplo el Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces en el Marco del Pluralismo Jurídico Igualitario.

4. Teniendo presente que la construcción de una sociedad descolonizada pasa por aceptar un nuevo paradigma, es decir por cambiar de mentalidad, es oportuno y necesario que tanto desde la JIOC y desde el Tribunal Agroambiental, se generen convenios con las diferentes Universidades de Bolivia, que tengan por finalidad introducir en la formación de los futuros profesionales las principales características de lo que se debe entender por descolonización y lo que implica el pluralismo jurídico.

Finalmente considero que si se tomaría como un elemento articulador la competencia territorial y la aceptación de los denominados territorios interjurisdiccionales, este debería ser el espacio cultural, académico, institucional y jurídico, en el cual se deba de desarrollar niveles de coordinación y cooperación entre ambos Sistemas de Justicia, es decir que estamos planteando niveles de relacionamiento micros y no macros, coherentes con un enfoque plural.

 


[1] La politóloga Ximena Acosta, manifiesta que la historia de Bolivia de fines del Siglo XIX se resume en “odio al indio”.

[2] Fausto Reynaga, intelectual indígena, refiere: “El MNR logro que el indio deje de ser pongo sirviente, para convertirse en pongo político”. El historiador Carlos Mesa, manifestó que el MNR pretendió construir una nación en base al mestizo, sin embargo este proyecto iniciado el 52, fracasó y la prueba de ello es que Evo Morales llegó a la presidencia, el año 2006.

[3] Consideramos antecedente, porque la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007 años, emitió la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que fue homologado en nuestro país a través de la ley 3760 del 07 de noviembre de 2007 años, siendo actualmente ley del Estado Plurinacional.

[4]Esta norma internacional fue ratificada en Bolivia mediante ley 1257 del 11 de julio de 1991 y fue el preámbulo en la mayoría de los países para la elaboración de sus textos constitucionales, en los cuales existía una población indígena mayoritaria, llegando a definirse los mismos como Estados Pluriculturales y Multiétnicos, Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994) y Ecuador (1998).

[5] La Constitución Política de 1967 años, se llegó a reforma mediante la ley de reforma No 1585 de 12 de agosto de 1994, norma legal que en varios asuntos tuvo como antecedente al Convenio 169 de la OIT.

[6]El Pluralismo Jurídico, implica el aceptar que en un determinado territorio existen más de un Sistema Jurídico, en el caso de Bolivia, ello implica el aceptar que existen dos Sistemas Jurídicos, uno que tiene como fuente a la Ley Escrita y el otro que tiene como fuente a los usos y costumbres, el cual se lo denominó Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC).

 

CHACOLLA

Autor: Msc. Favio Chacolla Huanca

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