El Presidente del Tribunal Agroambiental, en el marco de sus atribuciones previstas en el art. 142 incs. 2 y 4 de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, así como el deber de generar y divulgar información ambiental (art. 6 del Acuerdo de Escazú), comunica a la ciudadanía que de la triple  crisis ambiental que afrontamos a nivel mundial, regional y nacional, como son: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, que ponen en serio riesgo la salud pública y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, uno de los problemas ambientales más preocupantes en Bolivia es la contaminación del suelo, aire y agua ocasionada por los botaderos municipales a cielo abierto que operan en condiciones inadecuadas, sin medidas de mitigación ni control ambiental efectivos, extremo que exige una respuesta urgente mediante el cumplimiento estricto de la normativa vigente interna e internacional.

Bolivia cuenta con un marco normativo que regula la gestión de los residuos sólidos (Ley 755 de Gestión Integral de Residuos y su reglamento, Decreto Supremo 2954), que buscan evitar los botaderos municipales a cielo abierto y promover rellenos sanitarios adecuados, estipulando que los gobiernos municipales deben planificar sistemas integrales de manejo de residuos sólidos, priorizando la reducción y el reaprovechamiento de desechos. En muchos de los municipios del país proyectados como relleno sanitario, siguen funcionando como botaderos por falta de recursos o personal técnico. Esta realidad ha provocado impactos ambientales y riesgos a la salud pública como la proliferación de vectores de enfermedades (moscas, roedores), malos olores, contaminación de suelos y fuentes de agua por lixiviados, e incluso incendios o emanación de gases tóxicos en la basura acumulada.

En este contexto, el rol de la Jurisdicción Agroambiental frente a los botaderos municipales a cielo abierto es fundamental. La Jurisdicción Agroambiental -conformada por el Tribunal Agroambiental y juzgados agroambientales en todo el país- es la garantía jurisdiccional que tiene el ciudadano para materializar la aplicación efectiva de esta regulación normativa ambiental, con un rol clave en la fiscalización jurídica y control judicial del cumplimiento de la normativa ambiental sobre la adecuada gestión de residuos sólidos. En ese sentido, la Ley 025 del Órgano Judicial señala que los jueces agroambientales, en el marco de lo dispuesto en el art. 152, tienen competencia para conocer demandas o medidas cautelares preventivas o precautorias, o demandas por daño ambiental en el ámbito de su competencia territorial, que se interpongan por cualquier persona ya sea individual o colectivamente conforme prevé el artículo 34 de la Constitución Política del Estado, norma constitucional que empodera a la ciudadanía para exigir soluciones cuando sus derechos fundamentales y ambientales sean vulnerados, por ejemplo, si un botadero municipal está contaminando agua, aire o suelos y afectando la salud pública de la comunidad.

Richard Cristhian Méndez Rosales
Presidente del Tribunal Agroambiental