El Tribunal Agroambiental cumpliendo su función judicial especializada como Tribunal de cierre, conoce y resuelve los procesos de acciones ambientales presentadas y tramitadas ante los jueces agroambientales en aplicación a la Constitución Política del Estado.
La acción ambiental es una herramienta jurídica que permite ejercitar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y libre de contaminación, en resguardo de la salud de las personas, así como de la Madre Tierra en su conjunto.
De acuerdo al Art. 189 de la CPE, el Tribunal Agroambiental es competente para conocer recursos de casación respecto de acciones ambientales, es decir, aquellas tramitadas por los jueces agroambientales y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. Las acciones ambientales buscan precautelar, prevenir y establecer la responsabilidad ambiental para el resarcimiento y la reparación, rehabilitación o restauración por el daño sufrido o causado al medio ambiente.
“En este marco, el Tribunal ha presentado el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agroambiental a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, mientras esa norma no esté aprobada corresponde aplicar los principios del derecho ambiental, normas y leyes existentes que permiten tramitar una demanda por parte de la población; es por ello que instamos a la sociedad a activar las acciones ambientales, que son los mecanismos y/o herramientas de protección a los derechos colectivos acorde a la demanda y realidad nacional sobre hechos que contaminan o dañan al medio ambiente”, señaló la Presidente del Tribunal Agroambiental, Angela Sánchez Panozo.
Respecto al tema, el Jefe de la Unidad de Desarrollo Normativo y Gestión Judicial del Tribunal Agroambiental, Marbel Mark Ponce, señaló que, “tales competencias constituyen el escenario de práctica de los operadores de justicia desde los juzgados de origen, como también los abogados, profesionales que deben conocer y usar las acciones ambientales como mecanismos que permite la norma para hacer efectiva la defensa del ambiente”.
En ese contexto la jurisdicción agroambiental busca promover conciencia en espacios para la resolución y tratamiento de los conflictos ambientales, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Bloque de Constitucionalidad, los estándares del Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos Colectivos.