Se trata de un acuerdo que tiene las herramientas para viabilizar la protección y tutela de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe (Acuerdo de Escazú), entra en vigor en Bolivia y en otros 11 países más, este 22 de abril, día en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, según destacó la presidente del Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia, Elva Terceros Cuéllar, ayer en la clausura de una conferencia internacional, organizada en cuatro jornadas para este acontecimiento.
“La Madre Tierra satisface las necesidades de todos los seres vivos, pero no satisface la codicia, no hay mayor desequilibrio que no saber cuándo es suficiente, por eso, hoy necesitamos leyes y normas para detener a quienes tienen una codicia sin límites que deja a las grandes mayorías en la miseria, extingue las otras especies hermanas y destruye lo único que tenemos, nuestro hogar”, dijo el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes.
En el acto, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, remarcó que el objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo que Bolivia es uno de los pocos países en la región, que tiene la institucionalidad base, en el ámbito judicial, para brindar el servicio de justicia en materia ambiental. Cuenta con una jurisdicción especializada con el Tribunal Agroambiental, como máxima autoridad en la materia, y 63 juzgados agroambientales en todo el país.
Asimismo, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, enfatizó que este Acuerdo es para Bolivia una oportunidad histórica para encaminar políticas públicas que den solución a los problemas ambientales y permitan encaminar un nuevo desarrollo normativo en materia agroambiental, acorde a la Constitución Política del Estado.
Fueron parte de este evento autoridades nacionales e internacionales como el jefe de la Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García; el embajador de la Unión Europea, Michel Dóczy; los magistrados del Tribunal Agroambiental Angela Sánchez, Teresa Garrón, Rufo Vasquez, Gregorio Aro; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Enrique Franco; la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz; de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Fabio Vidal; la directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Pamela Cartagena y la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, María Eugenia Pareja.