La presidente del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros, y los magistrados de este Tribunal: Gregorio Aro, Rufo Vásquez, Angela Sánchez y Tereza Garrón emitieron un pronunciamiento en rechazo a las agresiones de comunarios de un ayllu en Uncía en contra de una juez agroambiental y su equipo técnico.
En el video presentado por la juez, se puede ver a su equipo técnico rodeado por más de 200 personas, donde algunas de ellas empiezan a arrojar tierra, piedras e incluso propinando golpes con lazos de cuero (“chicotes”), situación que llevó a la autoridad judicial a abandonar el lugar, interrumpiendo la audiencia prevista para la fecha.
El pronunciamiento emitido ayer, señala: “Este Tribunal SE SOLIDARIZA con la juez Maribel Ruiz y el personal de apoyo judicial del juzgado agroambiental de Uncía. Asimismo, RESPALDA todas las acciones legales que por derecho corresponde iniciar contra las personas responsables de estos actos”.
“Nos asustamos porque las agresiones podían llegar a más, por eso hemos tenido que escapar”, dijo la juez agroambiental de Uncía, Maribel Ruiz. La autoridad informó que quienes recibieron los mayores golpes, fueron los vecinos interesados en proteger esta área forestal. Según Ruiz, el conflicto se originó luego de que el Gobierno Municipal de Uncía presentó un informe técnico, en el que solicitaron la intervención del juzgado, con la Fuerza Pública, para el desalojo de presuntos loteadores que provocaron daños a un área que, a principios de año, fue forestada con más de 600 ejemplares de especies nativas.
Ruiz explicó que, en la primera inspección, evidenciaron un daño a alrededor de diez plantines, además del demarcado para un posterior fraccionamiento. “Ahora, prácticamente destruyeron todo e incluso se encontró algunas construcciones y vaciado de cimientos”, fueron las palabras de la juez.
Por mandato del Artículo 152 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, los Juzgados Agroambientales tienen competencia para conocer, entre otras acciones, precautelar y prevenir daños causados al medio ambiente, la biodiversidad o el patrimonio cultural respecto de cualquier actividad de origen humano.
La presidente del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros, enfatizó en la necesidad de que las autoridades llamadas por Ley realicen todas las gestiones necesarias en estos caso. “Vivimos en un Estado de Derecho, con instituciones responsables de atender y apoyar a la resolución de problemas, que permitan alcanzar una cultura de paz. Debemos, como bolivianos, adecuar nuestras actuaciones en el marco del respeto, la tolerancia y, en caso de necesidad, dictar las acciones legales que correspondan y no actuar por mano propia, ya que esta situación lleva a más conflictos y vulneración de derechos”, expresó.
Ruiz manifestó que, en el ejercicio de más de 12 años como funcionaria judicial en la zona, es la primera vez que un ayllu reacciona de esta manera. Anticipó que, antes iniciar acciones legales, recurrirá primeramente al diálogo, ya que en esta misma zona se tiene un proceso seguido por autoridades originarias de 24 comunidades relacionado a actividades mineras y presunta contaminación de aguas. “Yo he reconocido a las personas que nos agredieron, pero en el marco del principio constitucional del ‘vivir bien’ quiero creer que reaccionaron así por desinformación”, dijo. La autoridad informó que los vecinos que se sientan afectados deben realizar los trámites correspondientes a fin de demostrar su derecho propietario.