Con la firma de la Carta de Sucre, concluyó el pasado jueves 7 de noviembre en la ciudad de Sucre el XI Congreso de la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental (RedeMPA) y el Seminario Internacional de Reparación Integral de Daño Ambiental. Este importante evento reunió a representantes de Ministerios Públicos, Tribunales Agroambientales, y expertos de América Latina, quienes durante dos jornadas debatieron y acordaron acciones para fortalecer la cooperación en justicia ambiental, desarrollo sostenible y protección de los derechos de la naturaleza en la región.
La Carta de Sucre, firmada conjuntamente por los miembros de RedeMPA y el Tribunal Agroambiental de Bolivia, se consolida como un compromiso para promover el desarrollo sostenible y la justicia ambiental a través de acciones clave, como:
Logística Inversa, Innovación y Tecnología en la Fiscalización Ambiental: Los representantes acordaron impulsar prácticas de logística inversa en las cadenas productivas y potenciar el uso de tecnologías avanzadas para la fiscalización ambiental, con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en producción y consumo responsables (ODS 12).
Control de Convencionalidad y Derecho Ambiental en Bolivia y América Latina: Se decidió fortalecer el control de convencionalidad y la integración de los principios del Derecho Ambiental Internacional en las decisiones judiciales y políticas públicas para garantizar la coherencia normativa y la protección de los derechos humanos y ambientales.
Participación Comunitaria y Justicia Ambiental: La Carta promueve un entorno de participación activa de las comunidades rurales, indígenas y campesinas en la toma de decisiones ambientales, asegurando justicia ambiental y respeto a sus derechos, además de programas de capacitación y sensibilización para fortalecer su rol en la protección del medio ambiente.
Reflexiones Adicionales: La Carta de Sucre también aboga por la creación de fiscalías especializadas en temas ambientales y la difusión del modelo del Tribunal Agroambiental boliviano en la región, destacando su rol pionero en la jurisdicción agroambiental.
El congreso tuvo la presencia de autoridades bolivianas, encabezadas por el Dr. Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Decano del Tribunal Agroambiental, junto con el Dr. Gregorio Aro Rasguido, Presidente del Tribunal, y los magistrados Soraya Alicia Céspedes Moreira y Juan José García, quienes subrayaron la relevancia de estos espacios de intercambio para abordar los desafíos ambientales en la región andina.
El congreso contó con la participación de la Vice-Coordinadora Ejecutiva de RedeMPA, Cristina Seixas Graça, y de Dione Manetti, Presidente del Instituto PRAGMA. Junto a ellos, Luciano Furtado Loubet, Fiscal de Justicia en Mato Grosso do Sul; Silvia Cappelli, Fiscal de Justicia en Rio Grande do Sul; Meri Cristina Gonçalves Amaral, Fiscal de Justicia de Acre; y Luiz Alberto Esteves Scaloppe, profesor y fiscal jubilado, destacaron el rol de la justicia en la conservación ambiental y en el combate contra delitos ecológicos, haciendo énfasis en la importancia de una colaboración efectiva entre los países de la región.
Representando a Argentina, estuvieron presentes Blas Mathias Michienzi, Fiscal de Justicia de Buenos Aires, y Juan Sebastián Lloret, profesor universitario de Salta. Ambos compartieron perspectivas innovadoras sobre la justicia ambiental y la implementación de políticas de sostenibilidad.
Desde Perú, el evento contó con la participación de Antonio Fernández Jeri, Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, quien hizo un llamado a unificar esfuerzos en la gestión ambiental y en el cumplimiento de compromisos internacionales. Por su parte, Camilo Flores, Fiscal de Justicia de San José, Costa Rica, destacó la relevancia de la justicia ambiental en la protección de los derechos humanos y la necesidad de desarrollar una justicia que sea accesible y eficiente en toda la región.
CARTA DE SUCRE
Al cierre del congreso se realizó la firma de la Declaración de Sucre, un compromiso conjunto que reafirma la cooperación regional en la protección y restauración del medio ambiente, con especial énfasis en la reparación integral de daños. La Declaración de Sucre establece compromisos específicos entre los países miembros para promover legislaciones más efectivas, fortalecer los mecanismos judiciales en casos de daño ambiental y desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar problemáticas como la deforestación, contaminación y cambio climático.
La Dra. Cristina Seixas Graca, Coordinadora Ejecutiva de RedeMPA, y el Dr. Gregorio Aro Rasguido, Presidente del Tribunal Agroambiental de Bolivia, destacaron en sus discursos de clausura la importancia de la Declaración de Sucre como un hito en la justicia ambiental, que permitirá afianzar los lazos de cooperación y fomentar acciones conjuntas en favor de los ecosistemas y comunidades vulnerables de América Latina.
TEXTO COMPLETO DE LA CARTA DE SUCRE
CARTA DE SUCRE
Nosotros, los representantes de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos, (REDEMPA), reunidos en la ciudad de Sucre, Bolivia, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la promoción del desarrollo sostenible, la justicia ambiental y la protección de los derechos de la naturaleza en América Latina, suscribimos la siguiente declaración:
1. Objetivo de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica: Logística Inversa, Innovación y Tecnología en la Fiscalización Ambiental
Reconocemos la necesidad urgente de avanzar hacia un desarrollo económico inclusivo y respetuoso con el medio ambiente, promoviendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra región. En este contexto, nos comprometemos a impulsar las siguientes acciones:
- Promoción de la Logística Inversa: Impulsar y fomentar el uso de prácticas de logística inversa en las cadenas productivas, como un mecanismo esencial para la gestión eficiente de los recursos y la reducción de residuos. Esto contribuirá al cumplimiento de los objetivos ambientales y económicos regionales, en línea con el ODS 12, sobre Producción y Consumo Responsables.
- Innovación y Tecnología en la Fiscalización Ambiental: Potenciar el uso de herramientas innovadoras y tecnológicas en los procesos de monitoreo y fiscalización ambiental. Estas tecnologías facilitarán la implementación de mecanismos más efectivos para la gestión sostenible de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental, con especial énfasis en la prevención de la deforestación ilegal y el manejo adecuado de los recursos hídricos.
Nos comprometemos a promover estos principios a través de la cooperación técnica y la creación de alianzas con sectores públicos y privados, universidades y otras instituciones relevantes.
2. Control de Convencionalidad y Derecho Ambiental en Bolivia y América Latina
Acordamos profundizar en la integración de los principios del Derecho Ambiental Internacional y la aplicación del control de convencionalidad en la jurisprudencia nacional y regional, como herramientas para garantizar la protección efectiva del medio ambiente y los derechos humanos en nuestras naciones. En particular, nos comprometemos a:
- Fortalecer el Control de Convencionalidad: Asegurar que las decisiones judiciales y las políticas públicas en el ámbito agroambiental se ajusten a los tratados internacionales ratificados, y que se garantice la plena efectividad de los derechos humanos, incluidos los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Esto incluye la incorporación de los principios del Derecho Ambiental Internacional en la legislación y en la interpretación judicial, con el fin de asegurar la coherencia normativa en la región.
- Fortalecer la Protección del Medio Ambiente en la Jurisprudencia Regional: Aumentar el compromiso de nuestros países con los instrumentos internacionales en materia ambiental, y fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los tribunales agroambientales y las autoridades competentes en toda América Latina.
3. Participación Comunitaria y Justicia Ambiental
En virtud de la Declaración de Río, que reconoce la importancia de la participación activa de todos los sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones ambientales, nos comprometemos a:
- Garantizar la Participación de las Comunidades Locales: Fomentar un entorno en el que las comunidades, especialmente las poblaciones rurales, indígenas y campesinas, puedan participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión ambiental y agroambiental. La justicia ambiental se construye a través del respeto y la inclusión de las voces más vulnerables en los procesos decisionales.
- Impulsar la Capacitación y Sensibilización Comunitaria: Desarrollar programas de formación y sensibilización en las comunidades locales para fortalecer la comprensión y la participación en los mecanismos de justicia ambiental, así como en las estrategias de prevención y adaptación al cambio climático.
4. Reflexiones Adicionales
- Reflexionar sobre la importancia de fortalecer fiscalías especializadas en materia ambiental.
- Divulgar y buscar implementar Tribunales Agroambientales en toda la región de América Latina, tomando como ejemplo la última experiencia en Bolivia, donde cuentan con un óptimo Tribunal Agroambiental, siendo el único en el mundo especializado en materia agroambiental.
- Realizar la invitación pertinente a los Magistrados, Jueces y Servidores Judiciales del Tribunal y jurisdicción agroambiental, para que puedan ser parte de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos (REDEMPA), para la defensa del medio ambiente.
Compromiso Final
Los firmantes de esta Carta reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos de las comunidades y la promoción de un desarrollo que no comprometa las generaciones futuras. Nos comprometemos a trabajar juntos en la implementación de estos principios, a través de la cooperación, el diálogo y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y jurídicas de los actores involucrados.
Convencidos de que solo a través de un esfuerzo conjunto podremos avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible, solicitamos la colaboración de todos los sectores sociales, económicos y políticos para hacer de este compromiso una realidad.
Firmado en Sucre, Bolivia, a los siete días del mes de noviembre de 2024.
Por REDEMPA:
