La Sala Plena del Tribunal Agroambiental, junto a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, han declarado un estado de emergencia presupuestaria ante la crítica situación financiera que enfrenta el Órgano Judicial en Bolivia.
En una conferencia de prensa realizada este martes, las autoridades judiciales anunciaron su retiro de la Comisión conformada por la Ley 898, argumentando la falta de presupuesto suficiente para garantizar la independencia judicial y cumplir con los estándares de justicia.
El Presidente del Tribunal Agroambiental, Magistrado Richard Cristhian Méndez Rosales, enfatizó que la independencia judicial es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. “Se tuvo la necesidad imperiosa de abordar el tema presupuesto judicial y la acción inmediata es la declaración de emergencia por la falta presupuestaria en el Órgano Judicial”, manifestó la autoridad.
Asimismo, recordó que el libro “Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia”, auspiciado por Naciones Unidas, contempla en su segundo eje temático la asignación presupuestaria del 3% para el Órgano Judicial, cifra identificada como necesaria a través de estudios técnicos.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, calificó la situación presupuestaria como insostenible, señalando un déficit de 140 millones de bolivianos. ” no podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que nos garantice por lo menos el funcionamiento del Órgano Judicial, es por ello, que hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que esta comisión reconozca esta emergencia presupuestaria, sería irresponsable hablar de reformas si no contamos con el presupuesto que debiéramos contar, sería irresponsable hablar de creaciones de juzgado, no existe personal con el cual deberíamos contar, vamos seguir insistiendo con diferentes ministerios que nos ayuden a salir de esta situación crítica para que demos soluciones a la población boliviana”, enfatizó.
El Presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, destacó la importancia de contar con un presupuesto mínimo del 3%, establecido por ley, para asegurar la independencia judicial y evitar la dependencia de asignaciones anuales. “Sin presupuesto ningún proyecto, ninguna reforma, ninguna política de este Órgano del Estado va ser posible, el presupuesto no es un capricho del Órgano Judicial o de sus autoridades, sino una garantía para que la sociedad tenga una justicia adecuada a sus necesidades”, señaló.
La declaración de emergencia del Órgano Judicial se sustenta en el estándar internacional establecido en el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, presentado por Diego García-Sayán, realizado en Bolivia del 15 al 22 de febrero de 2022.
El informe revela que el presupuesto del Órgano Judicial no alcanza siquiera el 0,5% del presupuesto general de la nación, lo cual dificulta la modernización, reforma y democratización de la justicia.
El Relator Especial recomendó que el Estado dote de recursos apropiados al Órgano Judicial, estableciendo por ley un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. Este presupuesto debe permitir la mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y la ampliación de la cobertura del Órgano Judicial a todos los municipios del país.
Las autoridades del Órgano Judicial hacen un llamado a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para tomar medidas urgentes y resolver la crisis presupuestaria, garantizando así la independencia judicial y el acceso a una justicia pronta y oportuna para todos los bolivianos.
