El Tribunal Agroambiental, en su calidad de máxima instancia de la jurisdicción especializada en ambiental, comunica su adhesión y compromiso con un mandato judicial proactivo y transformador, fundamentado en el corpus normativo y jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este enfoque redefine el rol del Tribunal, trascendiendo la mera aplicación de la legalidad en el marco de la OC-32/2025 interna para constituirse como un garante activo del derecho a un medio ambiente sano y a un clima seguro, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.
El fundamento de esta visión reside en el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, tal como lo ha consolidado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de manera prominente en su Opinión Consultiva OC-23/17. El Tribunal Agroambiental asume su rol como pilar de su función la concepción biocéntrica emanada de dicho estándar, la cual protege los componentes del medio ambiente como valores jurídicos en sí mismos. Esta perspectiva se extiende al reconocimiento de un “derecho humano a un clima sano”, que impone al Estado obligaciones directas y justiciables frente a la crisis climática.
Finalmente, el Tribunal Agroambiental asume un rol judicial proactivo, no solo como un árbitro de controversias, sino como un motor para el cumplimiento de las obligaciones estatales impulsando la adopción de políticas públicas y prevenir cualquier retroceso en la protección ambiental, conforme al principio de progresividad y no regresión. Si bien se reconoce el margen de apreciación del Estado en la definición de políticas técnicas, este Tribunal ejercerá un control de convencionalidad y constitucionalidad estricto ante cualquier “incumplimiento manifiesto” o “error manifiesto de apreciación” que socave los derechos humanos y ambientales.
