Las altas autoridades del Tribunal Agroambiental como ser: el Presidente, Richard Cristhian Mendez Rosales; el Decano, Victor Hugo Claure Hinijoza; las Magistradas Roxana Chavez Rodas; Rocío Vásquez Noza y María Soledad Peñafiel Bravo, participaron en el Cuarto Conversatorio Interinstitucional y Agroambiental Penal 2025, desarrollado en la ciudad de Cochabamba y organizado por el Tribunal Supremo de Justicia.
En la ocasión, la primera autoridad Tribunal Agroambiental, expuso la temática: “La Incidencia de los Delitos Ambientales en la Jurisdicción Agroambiental”. Durante su análisis, señaló que en el ámbito penal los delitos ambientales en Bolivia aún no cuentan con un desarrollo jurídico-doctrinario acorde con los avances de la ciencia del derecho ambiental. En ese marco, destacó que la jurisdicción agroambiental, a partir de la presente gestión, se ha propuesto trabajar de manera directa en la aplicación de medidas cautelares, recordando que, de manera excepcional, la Sala Plena debe conocer medidas cautelares provisionales conforme lo establece el Art. 8 del Acuerdo de Escazú.
Mencionó que, en abril de este año, el Tribunal Agroambiental conoció de manera excepcional un caso de tráfico de fauna silvestre, considerado un delito ambiental, en el cual la institución emitió 12 medidas cautelares sustentadas en el Acuerdo de Escazú.
Asimismo, remarcó que actualmente no existe una agenda legislativa que armonice los preceptos normativos en materia ambiental, los cuales no se adecúan plenamente a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Ante hechos notorios como incendios forestales, chaqueos ilegales, tráfico de fauna silvestre o la contaminación de ríos por minería ilegal, explicó que no se requiere prueba adicional, correspondiendo la aplicación de medidas cautelares provisionales.
El Magistrado Méndez subrayó que la calificación del daño ambiental es competencia exclusiva de la jurisdicción agroambiental, y el proceso de identificación de responsabilidad por daño ambiental es competencia de los jueces agroambientales; Una vez definida la responsabilidad y calificado el daño, precisó que puede activarse la vía penal correspondiente, en busca de la paz social, la armonía y la convivencia pacífica.
Finalmente, recordó que el pasado año el país atravesó un verdadero ecocidio ambiental a raíz de la magnitud de los incendios forestales. En ese contexto, destacó que el Tribunal Agroambiental otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades del nivel central y a las entidades territoriales autónomas para informar a la población boliviana sobre los planes de gestión ambiental, así como las directrices y líneas estratégicas de acción concreta en defensa y protección del medio ambiente.
