En un acto de compromiso institucional y defensa de la legalidad, las máximas autoridades del Órgano Judicial de Bolivia, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, expresaron su respaldo a las acciones asumidas por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Romer Saucedo Gómez, en relación al cese de funciones de los magistrados autoprorrogados. Asimismo, ratificaron su compromiso con la defensa de la Constitución Política del Estado, la independencia judicial y la continuidad del proceso electoral judicial en curso.
Durante su intervención, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Magistrado Richard Cristhian Mendez Rosales, manifestó su pleno respaldo a la determinación asumida por el Presidente del TSJ. “El accionar de autoridades que continúan ejerciendo sin legitimidad constituye una usurpación de funciones y un quiebre del sistema constitucional, desconociendo la soberanía democrática con la que fueron elegidos los actuales magistrados del Órgano Judicial”, afirmó la autoridad.
Asimismo, remarcó que esta postura responde a una decisión institucional y no personal, orientada a reencauzar el Estado Democrático de Derecho.
“Bolivia atraviesa una crisis económica, institucional y moral. Es momento de garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso para toda la población”, puntualizó la autoridad.
Por su parte, la Decana del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Rosmery Ruiz, aclaró que las determinaciones del Órgano Judicial se encuentran plenamente enmarcadas en la legalidad y no ponen en riesgo el balotaje de las elecciones generales en curso.
“Este proceso es administrado por el Órgano Electoral Plurinacional, no por el Tribunal Constitucional. Por tanto, las decisiones adoptadas no afectan el desarrollo de los comicios de las elecciones generales”, explicó la Decana del TSJ.
Finalmente, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Manuel Baptista Espinoza, subrayó que la institucionalidad democrática solo puede sostenerse sobre el respeto estricto a la norma, y precisó que, en caso de no concretarse la renuncia de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, el proceso iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia a través del Ministerio Público deberá continuar conforme al debido proceso y sin interferencias.
