El Tribunal Agroambiental de Bolivia, en coordinaciรณn con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Defensorรญa del Pueblo, la Facultad de Ciencias Jurรญdicas y Polรญticas de la UMSA y la OIT, llevรณ a cabo el Diรกlogo Plurinacional: โLos Pueblos Indรญgenas y el Acceso a la Justicia en Bolivia: Experiencias, nudos crรญticos y desafรญosโ, con el objetivo de reflexionar sobre los avances, desafรญos y experiencias en el acceso a la justicia de los pueblos indรญgenas.
En su primera intervenciรณn, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Dr. Richard Cristhian Mendez Rosales, destacรณ que en los meses recientes al frente de la instituciรณn se han desarrollado competencias asumidas con un rol protagรณnico que no fue ejercido por gestiones anteriores.
En el evento, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Mendez Rosales, destacรณ dos temas centrales: la coordinaciรณn con la jurisdicciรณn indรญgena y el rol protagรณnico de la justicia agroambiental en la protecciรณn del territorio y de los pueblos indรญgenas. Seรฑalรณ que, desde su gestiรณn, este Tribunal a desarrollado competencias ambientales, que no fue ejercido por gestiones anteriores.
Entre los casos destacados, una Diputada de la Chiquitanรญa presentรณ una demanda por la protecciรณn del jaguar, solicitando medidas cautelares y un proceso de calificaciรณn del daรฑo ambiental causado por el trรกfico de fauna silvestre, con implicaciรณn de ciudadanos extranjeros que cobraban hasta 40.000 dรณlares. El Tribunal elaborรณ un proyecto de resoluciรณn de competencia ambiental e iniciรณ la primera audiencia de medida cautelar, demandando a las autoridades ambientales competentes, incluyendo ministerios, gobiernos departamentales y municipales, y la Vicepresidencia del Estado. Tras seis horas de debate, se declarรณ la competencia del Tribunal y se emitiรณ la medida cautelar, incorporando al Ministerio de Educaciรณn para garantizar informaciรณn a la poblaciรณn sobre planes de prevenciรณn.
Hasta la fecha, el Tribunal ha emitido mรกs de 11 medidas cautelares, pese a la oposiciรณn de viceministerios y de la Procuradurรญa. Su accionar se sustenta en la opiniรณn consultiva de la CIDH, que reconoce al derecho al medio ambiente como autรณnomo, garantizando acceso efectivo a la informaciรณn, participaciรณn y justicia ambiental, y permitiendo medidas cautelares ante riesgos de daรฑo ambiental.
El Tribunal tambiรฉn ha identificado la ausencia de planes de gestiรณn ambiental y sistemas de evaluaciรณn de impacto ambiental en Bolivia. En el marco del pluralismo jurรญdico, los tribunales JIOC de tierras bajas participaron activamente, afirmando su identidad territorial: โsomos jaguarโ, destacando la necesidad de aplicar normas escritas junto con los patrones culturales de los pueblos indรญgenas.
Otras demandas atendidas incluyen los incendios forestales, que en un solo aรฑo destruyeron mรกs de 16 millones de hectรกreas de bosque, asรญ como casos relacionados con minerรญa en el Madidi con posibles daรฑos de contaminaciรณn y la gestiรณn de residuos en Cochabamba, situaciones complejas para un solo juez frente a gobiernos o instancias municipales.
El Tribunal Agroambiental enfatiza la urgencia de contar con una, Ley especial de jurisdicciรณn agroambiental; capacidades y presupuesto adecuados; mesas permanentes de diรกlogo con la JIOC; jueces que hablen, al menos, el idioma del lugar donde ejercen; reconocimiento efectivo de autoridades originarias; partidas presupuestarias especรญficas para viajes y capacitaciรณn de autoridades jurisdiccionales.
El Tribunal reafirma su compromiso con la protecciรณn del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indรญgenas, garantizando justicia ambiental para las generaciones presentes y futuras.
