El Tribunal Agroambiental de Bolivia, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Defensoría del Pueblo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSA y la OIT, llevó a cabo el Diálogo Plurinacional: “Los Pueblos Indígenas y el Acceso a la Justicia en Bolivia: Experiencias, nudos críticos y desafíos”, con el objetivo de reflexionar sobre los avances, desafíos y experiencias en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
En su primera intervención, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Dr. Richard Cristhian Mendez Rosales, destacó que en los meses recientes al frente de la institución se han desarrollado competencias asumidas con un rol protagónico que no fue ejercido por gestiones anteriores.
En el evento, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Mendez Rosales, destacó dos temas centrales: la coordinación con la jurisdicción indígena y el rol protagónico de la justicia agroambiental en la protección del territorio y de los pueblos indígenas. Señaló que, desde su gestión, este Tribunal a desarrollado competencias ambientales, que no fue ejercido por gestiones anteriores.
Entre los casos destacados, una Diputada de la Chiquitanía presentó una demanda por la protección del jaguar, solicitando medidas cautelares y un proceso de calificación del daño ambiental causado por el tráfico de fauna silvestre, con implicación de ciudadanos extranjeros que cobraban hasta 40.000 dólares. El Tribunal elaboró un proyecto de resolución de competencia ambiental e inició la primera audiencia de medida cautelar, demandando a las autoridades ambientales competentes, incluyendo ministerios, gobiernos departamentales y municipales, y la Vicepresidencia del Estado. Tras seis horas de debate, se declaró la competencia del Tribunal y se emitió la medida cautelar, incorporando al Ministerio de Educación para garantizar información a la población sobre planes de prevención.
Hasta la fecha, el Tribunal ha emitido más de 11 medidas cautelares, pese a la oposición de viceministerios y de la Procuraduría. Su accionar se sustenta en la opinión consultiva de la CIDH, que reconoce al derecho al medio ambiente como autónomo, garantizando acceso efectivo a la información, participación y justicia ambiental, y permitiendo medidas cautelares ante riesgos de daño ambiental.
El Tribunal también ha identificado la ausencia de planes de gestión ambiental y sistemas de evaluación de impacto ambiental en Bolivia. En el marco del pluralismo jurídico, los tribunales JIOC de tierras bajas participaron activamente, afirmando su identidad territorial: “somos jaguar”, destacando la necesidad de aplicar normas escritas junto con los patrones culturales de los pueblos indígenas.
Otras demandas atendidas incluyen los incendios forestales, que en un solo año destruyeron más de 16 millones de hectáreas de bosque, así como casos relacionados con minería en el Madidi con posibles daños de contaminación y la gestión de residuos en Cochabamba, situaciones complejas para un solo juez frente a gobiernos o instancias municipales.
El Tribunal Agroambiental enfatiza la urgencia de contar con una, Ley especial de jurisdicción agroambiental; capacidades y presupuesto adecuados; mesas permanentes de diálogo con la JIOC; jueces que hablen, al menos, el idioma del lugar donde ejercen; reconocimiento efectivo de autoridades originarias; partidas presupuestarias específicas para viajes y capacitación de autoridades jurisdiccionales.
El Tribunal reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas, garantizando justicia ambiental para las generaciones presentes y futuras.
