El Mgdo. Richard Cristhian Mendez Rosales, en representación del Tribunal Agroambiental, aparticipó de la Segunda Reunión de los Gobiernos Miembros de la Coalición para la Acción Multilateral contra los Delitos que Afectan al Medio Ambiente.
El tema debatido hoy ha sido la coordinación de la coalición de países para impulsar negociaciones internacionales sobre delitos ambientales, en particular en el marco de la UNTOC. Las ventajas de incorporar un protocolo específico son claras: permitiría un marco legal más sólido, con estándares comunes, y daría un mensaje jurídico de firmeza. Además, podría cerrar vacíos legales y mejorar la cooperación internacional. Las desventajas, en cambio, incluyen la percepción de costos elevados o la resistencia de algunos estados a ceder soberanía. Aun así, el equilibrio entre la protección ambiental y la voluntad política será clave para decidir su viabilidad.
La participación del Tribunal Agroambiental en este tipo de encuentros reafirma su compromiso con el fortalecimiento del derecho ambiental, la cooperación internacional y la lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente, en el marco de sus competencias constitucionales y del respeto al ordenamiento jurídico vigente.
Mgdo. Richard Cristhian Mendez Rosales, on behalf of the Agro-Environmental Court, participated in the Second Meeting of the Governments Members of the Coalition for Multilateral Action against Crimes Affecting the Environment.
The topic discussed today was the coordination of the coalition of countries to push forward international negotiations on environmental crimes, particularly within the UNTOC framework. The advantages of incorporating a specific protocol are clear: it would provide a stronger legal framework with common standards and send a firm political signal. It would also close legal gaps and boost international cooperation. However, the disadvantages might include perceptions of high costs or some states resisting due to concerns over sovereignty. Even so, the balance between environmental protection and political will will be crucial in deciding its feasibility.
The participation of the Agro-Environmental Court in this type of meeting reaffirms its commitment to strengthening environmental law, international cooperation, and the fight against crimes that affect the environment, within the framework of its constitutional powers and in full respect of the current legal system.
