El Tribunal Agroambiental, en coordinación con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), desarrolló en la ciudad de Santa Cruz un espacio de difusión y diálogo institucional sobre el Proyecto de Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, orientado a socializar los alcances de esta propuesta normativa y promover el intercambio de criterios con actores del ámbito jurídico y productivo.
La actividad contó con la participación de la Presidenta del Tribunal Agroambiental, Mgda. Roxana Chavez Rodas, junto al Decano Mgdo. Victor Hugo Claure Hinojoza y las autoridades Mgda. Rocío Vásquez Noza, Mgda. María Soledad Peñafiel Bravo y Mgdo. Richard Cristhian Mendez Rosales.
Durante su intervención, la Presidenta del Tribunal Agroambiental destacó que cada jurisdicción responde a una realidad propia, por lo que también requiere procedimientos acordes a la naturaleza de los conflictos que atiende. En ese sentido, explicó que la jurisdicción agroambiental conoce controversias que no solo involucran derechos individuales, sino también la protección de la tierra, el agua, los bosques, la biodiversidad y el equilibrio con la Madre Tierra, por lo que contar con un procedimiento especializado constituye una necesidad institucional para garantizar decisiones más claras, oportunas y acordes a la complejidad de estos conflictos.
Asimismo, se destacó que el proyecto de ley es resultado del trabajo y la experiencia acumulada de magistradas, magistrados, jueces, técnicos y servidores de la jurisdicción agroambiental, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad jurídica en materia agraria y ambiental.
El evento contó además con la presencia del Presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, el Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Daniel Ortiz Velásquez, el Primer Vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif Nacif, y el Presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), Ing. Walter Dener Ruiz Paz, junto a representantes del sector productivo e institucional.
Este espacio permitió continuar fortaleciendo el diálogo institucional y la construcción participativa de una normativa que consolide una justicia agroambiental más especializada y acorde a la realidad del país.
