La Presidenta del Tribunal Agroambiental, Mgda. Roxana Chavez Rodas, y la Magistrada María Soledad Peñafiel Bravo participaron en el acto inaugural del curso internacional “Motivación de Resoluciones Judiciales”, organizado por la Escuela de Jueces del Estado, una actividad académica orientada al fortalecimiento de la argumentación jurídica y la calidad de las decisiones judiciales.
El programa, desarrollado con el apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), reúne a jueces penales y asistentes del Tribunal Supremo de Justicia en cuatro jornadas de formación especializada, a cargo de los reconocidos juristas españoles Javier Hernández García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, y José Luis Ramírez Ortiz, letrado del Tribunal Constitucional de España, quienes compartirán experiencias y criterios comparados sobre motivación judicial, valoración de la prueba y construcción técnica de las resoluciones jurisdiccionales.
Durante el acto de inauguración, la Presidenta del Tribunal Agroambiental destacó que una resolución debidamente motivada constituye una garantía esencial del debido proceso y uno de los pilares que sostienen la legitimidad de la función jurisdiccional. Asimismo, señaló que la actualización permanente y el intercambio de experiencias con especialistas internacionales fortalecen la calidad de las decisiones judiciales y contribuyen a consolidar una justicia caracterizada por la solidez de su argumentación, la transparencia y el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
El curso abordará, entre otros temas, el fundamento constitucional del deber de motivación, la motivación de resoluciones que limitan derechos fundamentales, la construcción y fundamentación de sentencias, la valoración racional de la prueba y los estándares probatorios aplicables al proceso penal, promoviendo el análisis crítico y el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades jurisdiccionales.
La participación del Tribunal Agroambiental en este tipo de espacios académicos refleja su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de las capacidades jurisdiccionales, elementos indispensables para una administración de justicia cada vez más técnica, independiente y orientada a la protección efectiva de los derechos.
